En los últimos decenios Las mujeres viven distintas formas
de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y sus libertades.
Ésta se basa en la validez de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas
que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. Dicha
desvalorización está profundamente enraizada a creencias sobre el cuerpo y la
sexualidad de las mujeres que se traducen en “deberes” que corresponden "por
naturaleza" en la familia y en la sociedad.
En Venezuela la posición social de las mujeres se encuentra
reducida a cargos directivos de bajo nivel, como ya en una oportunidad lo
comente el famoso “techo de cristal”. Solo 7% de las empresas tienen una junta
con más de tres mujeres miembros, según el trabajo “Mujeres Gerentes en la
Venezuela de hoy” publicado por el Instituto de Estudios Superiores de
Administración, IESA. La proporción de mujeres en las juntas directivas de
empresas nacionales se vislumbra en los cargos suplentes. De las organizaciones políticas más
representativas de Venezuela, solo dos partidos tienen cuotas internas para mujeres (PSUV
y AD).
Como resultado hoy tenemos solo 17% de representación
femenina en la Asamblea Nacional, cuatro gobernadoras y 52 alcaldesas, menos del 16% del total de puestos.
Mientras que el informe “Mujeres más allá del 2015” del Observatorio Venezolano
de Derechos Humanos de las Mujeres contabiliza la representación parlamentaria
media de América Latina para 2013 en 24,5% y la mundial de un 20%. Los datos
existentes ponen en evidencia las
dimensiones de discriminación y desigualdad de las mujeres en las políticas públicas
y este indicador es el más alejado del ideal propuesto por la ONU para el año
2015. La carencia de una regulación a favor de la paridad con alterabilidad de candidaturas femeninas ha
frenado las posibilidades de una representación significante de diputadas.
Lograr un mundo de ecuanimidad y justicia entre los géneros no solo requiere
la buena voluntad de las personas sino
que es necesario sobre todo un esfuerzo por vencer el sistema social injusto
desde sus raíces. Tenemos derecho a aspirar a un mundo de justicia y equidad,
pero al mismo tiempo tenemos la obligación de coadyuvar para obtenerlo. Por
ello, además de reclamar, debemos actuar sin esperar que lo hagan las otras.
Desde nuestros propios espacios podemos contribuir para una sociedad equitativa,
haciendo lo que debemos hacer, desplegando la democracia y un sentido justo de
la vida.
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